Parlamento trata destitución de cuatro generales pero se sabe que no están los votos

En los primeros minutos de sesión, la bancada oficialista manifestó su intención de votar el pase a retiro obligatorio.

Una de las voces cantantes es Constanza Moreira, una senadora que promueve la reducción al mínimo de las Fuerzas Armadas.

También el senador comunista Juan Castillo anunció su voto.

El factor más polémico fue la consideración nula que generó la confesión Gavazzo sobre el asesinato del militante tupamaro Roberto Gomensoro, ocurrido en marzo de 1973, antes del Golpe de Estado.

Según El País, los oficiales de alto rango dijeron haber informado y actuado respondiendo a las decisiones del excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

El Observador informa que Gustavo Bordes, abogado de los oficiales, señala que Manini ordenó que las actuaciones continuaran. Este factor es el que del Poder Ejecutivo atribuye para que la denuncia de Gavazzo no llegara en tiempo y forma.

El propio Manini reconoció a posteriori que, de acuerdo a su visión de los hechos, la confesión de Gavazzo "no era nueva" y tenía como objetivo que el tema pasara a la justicia penal ordinaria para evitar la sanción del tribunal de honor, que limitaría sus ingresos y le prohibiría el uso de su uniforme y del status militar.

Por el momento, y ante una eventual ausencia de decisión, los generales seguirán sin destino, aunque cobrando sus salarios en caso que no quieran retirarse voluntariamente y cobrar la jubilación.

El informe de El Observador, sin embargo, sostiene que el Ministerio de Defensa espera mantenerlos en sus actuales destinos. Según esta versión se descartó dejarlos a disponibilidad, al entenderse que la situación de los cuatro no se ajustaba a lo establecido en la Ley Orgánica Militar.

Por lo tanto, Gustavo Fajardo seguirá siendo el jefe de División Ejército IV (Lavalleja), Carlos Sequeira continuará en División I (Montevideo), Claudio Romano estará al frente del Instituto Militar de Estudios Superiores (Imes) y Alejandro Salaberry será confirmado en la Dirección de sanidad de las Fuerzas Armadas.

NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA

Los grupos vinculados a derechos humanos, como el Observatorio Luz Ibarburu, esperan una respuesta de legisladores blancos y colorados sobre este tema, informa La República.

Raúl Olivera, integrante de la ONG, dijo que los militares omitieron informar a sus superiores de la confesión de Gavazzo para evitar que el gobierno presentara la denuncia ante la justicia penal.

La oposición no quiere votar la destitución porque sostiene -según Olivera- que el Poder Ejecutivo tiene potestades para pasar a retiro a los cuatro militares.

Olivera dijo que el presidente Vázquez tomó esta determinación en busca de "voluntad política", algo que la oposición no está dispuesta a otorgar.

"De algún modo se suman al contenido de las actas del tribunal de honor militar", señaló.